El senador panista señaló que la corrupción es un síntoma que afecta la democracia y los sistemas económicos de país.
Ciudad de México.- El senador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Julen Rementería, pide retirar “beneficios” a servidores públicos que hayan cometido delitos de delincuencia organizada, trata de personas y hechos de corrupción.
El llamado a los legisladores, es para que los servidores públicos que cometan hechos de corrupción tengan sentencia de un determinado número de años, privándole de la libertad y que no accedan a los beneficios de preliberación y extinguir con ello la impunidad.
Al presentar su iniciativa, Rementería del Puerto propone reformar los artículos 137, 141, 144, 145 y 146 de la Ley Nacional de Ejecución Penal en materia de combate a la Corrupción, a fin de eliminar la posibilidad de obtener beneficios como: preliberacionales, libertad condicionada, libertad anticipada, sustitución de penas, permisos humanitarios y la preliberación por criterios de política penitenciaria.
A servidores públicos que sean sentenciados por delitos sobre hechos de corrupción, establecidos en el Código Penal Federal y en las legislaciones sustantivas penales de las Entidades Federativas y quienes pretendan cometer dichos actos, lo piensen dos veces, soslayó Rementería.
“La corrupción ha sido un mal cometido de forma indistinta por servidores públicos de todas las entidades federativas y de los múltiples partidos que no han podido ser castigados”.
La sociedad demanda medidas más duras contra los funcionarios corruptos, quienes manejen recursos públicos que deben estar estrictos a un debido control mucho más severo en materia penal.
Rementería del Puerto, recordó los actos de corrupción cometidos en la pasada administración veracruzana, y que muchos de los servidores públicos que dañaron a la entidad han tenido “beneficios” en las diversas investigaciones pertinentes que marca la ley.
El senador veracruzano destacó que esta medida tiene el objetivo de fortalecer el aparato institucional para recuperar la confianza ciudadana hacia las instituciones públicas y también con ella hacer frente al fenómeno de la corrupción.