Es un tema de justicia, verdad y reparación del daño, el peso de la ciudadanía se debe hacer sentir para llevar a juicio a quienes vendieron al país.
Ciudad de México.- Desde el triunfo del 1 de julio de 2018 de la Cuarta Transformación, se ha acrecentado el clamor popular para enjuiciar a los ex presidentes de la República, tanto por el estado de ruina en que dejaron al país como por los desvíos de recursos públicos y corrupción que se daban por todos lados. Durante su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha venido conteniendo esa exigencia popular porque había tareas más importantes y urgentes que atender, precisamente por la situación que prevalecía en México después de varias décadas de depredación neoliberal. Además, el objetivo de este gobierno, lo dijo varias veces el presidente López Obrador, no era la venganza sino poner los cimientos de un Estado de justicia y bienestar para todos.
Hoy, con la puesta en marcha de las investigaciones judiciales a dos personajes que en su momento fueron altos funcionarios públicos, Emilio Lozoya Austin y Genaro García Luna, ha quedado al descubierto, de forma más clara y contundente, la podredumbre de la clase política que gobernó en sexenios pasados y la probable responsabilidad que tuvieron los expresidentes en hechos constitutivos de delito.
Los suyos son, en efecto, los sexenios del despojo y del atraco, de la criminalidad inmune y el poder sin freno, en su grado más alto de abyección.
En el caso de Lozoya Austin, ex director de Pemex, estamos frente a un caso de corrupción estructural que involucra, al menos, a tres expresidentes, gobernadores y exgobernadores, seis ex legisladores federales y decenas de exfuncionarios, aunado a empresarios y compañías que están ligados a una compleja trama de fraudes por miles de millones de pesos. Algunos de los nombres que han aparecido en la denuncia de hechos presentada por Lozoya son: Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari, José Antonio Meade, Luis Videgaray, Javier Duarte, Rodolfo Torre Cantú, Alfredo del Mazo, Rubén Moreira, Francisco García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez, Ernesto Cordero, José Luis Lavalle Maury, Salvador Vega Casillas y Ricardo Anaya.
Los datos que se tienen a la fecha son altamente impactantes y aún no conocemos sus verdaderos alcances. Las ramificaciones son, en efecto, muy complejas.
Las y los mexicanos tenemos derecho a que las instituciones encargadas de impartir justicia en este país nos aclaren y resarzan los daños que pudieron haber causado los anteriores jefes del Ejecutivo federal, máxime después de los señalamientos expuestos por Lozoya Austin ante la Fiscalía General de la República (FGR):
-¿Qué papel jugó Carlos Salinas de Gortari en la compra de voluntades durante la discusión y votación de la reforma energética?
-¿Cuál era la influencia de Salinas en las decisiones de Pemex durante el sexenio peñanietista?
-¿Felipe Calderón otorgó un contrato obscenamente ventajoso a la compañía Braskem -relacionada directamente con Odebrecht- para que Pemex le vendiera etano a precio excesivamente preferencial, en detrimento de la propia producción de la empresa mexicana?
-¿Hubo complicidad por parte de Calderón Hinojosa y Peña Nieto en el financiamiento ilegal de la campaña presidencial que llevó al priista a Los Pinos?
-¿Peña ordenó la entrega de sobornos a diputados y senadores para aprobar las reformas estructurales que promovió entre 2013 y 2014?
En el caso específico de Felipe Calderón Hinojosa, las autoridades encargadas de procurar justicia en México tendrían que seguir con detenimiento las imputaciones que la Fiscalía de Estados Unidos ha hecho contra Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública calderonista, por sobornos a cambio de otorgar protección al cártel de Sinaloa, además de esclarecer el señalamiento hecho por el narcotraficante Édgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”, sobre su vinculación con dicho grupo criminal. ¿Hasta qué esferas llegó la delincuencia organizada en el gobierno de Calderón? Sobre las mismas acusaciones vertidas en contra de García Luna, también sería conveniente que se indague su actuar mientras fue director de la Agencia Federal de Investigación de México (AFI), durante el sexenio de Vicente Fox Quezada.
Así, tenemos que buscar todas las vías legales para que los ex presidentes de México rindan cuentas sobre las responsabilidades que tuvieron en todos los casos de corrupción que se acumularon en sus respectivas administraciones. Por ello, y respondiendo al clamor popular que hoy se expresa con vigor, respaldo plenamente la propuesta presidencial de solicitar una consulta popular, a fin de determinar si es procedente un juicio político a los mandatarios señalados.
Sabemos que, de acuerdo a la Ley Federal de Consulta Popular, será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que determinará si ha lugar o no para dotar de legalidad a la consulta en cuestión. Sin embargo, sería sumamente relevante que el peso de la ciudadanía se haga sentir; que los jueces se den cuenta de que llevar a juicio a quienes ocuparon la principal responsabilidad en México es un tema de la mayor trascendencia nacional.
Nunca antes en México se había observado una investigación tan extensa a funcionarios de alto nivel. Por primera vez se está rompiendo el pacto de impunidad transexenal y se hace respetando la independencia de la FGR, con total transparencia en la investigación. Es un asunto de Estado, es un asunto de interés público. Como dice nuestro presidente: “el pueblo de México tiene derecho a saber la verdad”.
No es un tema de venganza, es un tema de justicia, verdad y reparación del daño. Es para juzgar a los que estando al frente del país hicieron afectaciones indebidas a sus finanzas y a la legitimidad de sus procesos electorales.
Sencillamente es cuestión de posicionarse del lado de la verdad, de que paguen los que deben, de que sea devuelto lo que se tomó de manera ilícita.
Estoy seguro de que las nuevas instituciones que se están forjando en esta Cuarta Transformación, principalmente las de impartición de justicia, saldrán adelante, y que se llegará al fondo de todo esto. Estamos con el presidente Andrés Manuel López Obrador: que se haga la voluntad del pueblo.