No obstante contar con el título de abogado, el gobernador de Veracruz, Miguel A. Yunes Linares, ha olvidado los principios básicos del derecho y se ha dedicado a pelear rounds de sombra con quien será su sucesor a partir de diciembre próximo.
En el Derecho, la herencia es el acto jurídico mediante el cual una persona que fallece transmite sus bienes, derechos y obligaciones –deudas principalmente- a otra u otras personas, que se denominan herederos. Heredero es la persona física o jurídica que tiene derecho al total o a una parte de los bienes de una herencia.
Aun tratándose de su deceso político –según obra en el acta de defunción expedida el primero de julio pasado-, el mandatario estatal está legalmente impedido a hacer uso de los bienes de todos los veracruzanos para garantizar el bienestar económico de su familia y ejercer una revancha política por el resultado que obtuvo en las urnas.
Hace algunos días, el gobernador de Veracruz –a quien sólo le restan escasos 102 días en el cargo- informó que dará en comodato a los ayuntamientos los inmuebles que estén administrando, como es el caso del Balneario Mocambo y la Casita Blanca de Agustín Lara en Boca del Río, y el auditorio Benito Juárez y el Parque Cri Cri en Veracruz.
Esto no tendría ninguna importancia si no se tratara precisamente de bienes públicos en municipios donde gobiernan –o mantienen una gran influencia política y económica- integrantes de su familia; hay muchos otros inmuebles que estando en una circunstancia similar, no tendrán acceso a la herencia política del mandatario, como sucede –por ejemplo- con el Velódromo de la ciudad de Xalapa u otras tantas instalaciones deportivas y culturales a lo largo del estado.
Al igual que el afamado “Foro Boca”, estas instalaciones corren el riesgo de representar la arrogancia y al autoritarismo de quienes han visto a Veracruz como un patrimonio personal. Aquéllos que lo hicieron en el pasado reciente, hoy están en la cárcel pagando la ambición de administrar al estado sólo en beneficio individual.
Esta decisión se trata de un acto de gobierno de excepción. Xalapa y muchos otros municipios cuentan con una gran cantidad de espacios públicos al servicio de los ciudadanos y que no serán entregados a los ayuntamientos, por el sólo hecho de que se trata de gobiernos surgidos de partidos distintos al suyo. Por ello, cuando Miguel A. Yunes asegura que son los únicos inmuebles propiedad del estado, “pero que los municipios los administran y por ello se les podrían dar en comodato”, miente una vez más.
Ante la evidente argucia, el gobernador electo ha dicho que revisará cada uno de estos contratos de comodato que se hagan a favor de los gobiernos municipales de la zona conurbada de Veracruz y Boca del Río; es su obligación hacerlo, de la misma forma que lo llevó a cabo Miguel A. Yunes en contra de la administración de Javier Duarte, sólo que en esta ocasión debe prevalecer la legalidad y no el ánimo de venganza.
De los bienes supuestamente recuperados por este gobierno nada sabemos; la sola posibilidad de que todo se trató de un ardid electoral, hace pensar en la peor de las intenciones al momento de ceder las instalaciones de estos inmuebles a los gobiernos municipales.
Si el deseo del Gobernador Miguel A. Yunes Linares es heredar a su familia, lo que debe hacer es un recuento de su vasto patrimonio personal y buscar a un buen notario –son muchos los que han trabajado para él-; no puede utilizar las leyes para hacer una sucesión de lo que no le pertenece.
La única herencia que podemos a dejar los veracruzanos es la legitimidad de nuestras acciones, la honestidad de nuestro desempeño como servidores públicos y la transparencia en el origen de nuestros bienes. Lástima que ninguna de ellas forme parte de su patrimonio personal.
Acaso estaremos viendo la versión política del popular anuncio de televisión, donde la pregunta es: ¿Y Veracruz apá?